La política fiscal no sólo es un instrumento para la gestión macroeconómica, sino también una herramienta que puede ser usada por los gobiernos latinoamericanos que luchan por el desarrollo. El uso cuidadoso y activo de la política fiscal, del gasto público y del manejo de la deuda pueden estimular el desarrollo de América Latina al promover el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad.
Además, los resultados del sistema fiscal de un país proporcionan una panorámica del contrato social que une a sus gobiernos y sus ciudadanos. Los bienes y los servicios públicos en cantidad y calidad razonables por una parte, y los sistemas fiscales progresistas y transparentes por la otra son señales de un contrato social que goza de buena salud. Estas dos partes van juntas: si los bienes públicos como la salud, la educación y la infraestructura son insuficientes, de mala calidad o proporcionados de manera injusta, el contrato social se debilita. Lo mismo es válido en los regímenes fiscales regresivos o frágiles.
Este contrato social es especialmente válido para América Latina en la actualidad porque la región está en medio de una consolidación democrática. En este contexto, el ejercicio del sistema fiscal de un país, y la percepción de la ciudadanía de ese ejercicio, se relaciona estrechamente con la legitimidad de la democracia en sí. La legitimidad fiscal, la creencia de que el sistema fiscal y de gasto público es justo, es el mediador indispensable en esto. Se hallan altos niveles de legitimidad fiscal cuando el sistema fiscal y de transferencia es eficaz para atacar la desigualdad de ingresos; se prestan servicios públicos de alta calidad en forma equitativa; las obligaciones y los derechos se rigen por reglas justas y transparentes; y existe un nivel razonable de apoyo público al manejo del gobierno del sistema fiscal.
Las elecciones de política fiscal no son aisladas y siempre están sujetas a limitaciones que se deciden políticamente. La política importa porque la política fiscal está inextricablemente unida a la naturaleza del estado de bienestar, cuya configuración es un proceso profundamente político. En suma, la economía política importa: debe agregarse un factor de limitaciones políticas al diseño técnico de los sistemas fiscales para reforzar las perspectivas para una reforma duradera en la región.
En contra de las opiniones convencionales de la política fiscal como una amenaza para el crecimiento (vía el efecto de freno de los impuestos sobre el trabajo y la inversión) o como no más que un estabilizador macroeconómico para la inflación y el desempleo, esta edición de Perspectivas sostiene que la política fiscal puede ser una herramienta decisiva para el desarrollo económico, político y social de América Latina. Los sistemas fiscales pueden proporcionar los recursos necesarios para hacer inversiones a favor del crecimiento y de transformaciones estructurales. Los impuestos y el gasto público pueden atacar directamente la pobreza y la desigualdad, dos problemas idénticos que siguen acosando a la región.
En América Latina, este potencial para el bien no se ha explotado en forma considerable. Mientras los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en 19 puntos Gini en Europa, la diferencia es menor a 2 puntos Gini en América Latina. El gasto en seguridad pública, fuertemente regresivo en la región, es un culpable importante en el potencial no realizado de la política fiscal redistributiva. Y la calidad de bienes y servicios públicos básicos como la salud o la educación tampoco satisface las necesidades de desarrollo de la región ni proporciona un estímulo para el compromiso de los ciudadanos con el Estado. Se necesita un cambio de método si los gobiernos latinoamericanos han de explotar plenamente el potencial de la política fiscal como una herramienta para el desarrollo.
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