Participación ciudadana a nivel municipal

Por: Edson Guerrero

Forma y alcance de la participación de la sociedad civil en la gestión publica en el nivel municipal
La participación ciudadana puede ser individual u organizada. Las organizaciones de la sociedad civil tienen varias modalidades de participar (Artículo 122 de la LOM), sobre la base del más amplio acceso a la información, entre ellas las siguientes:
- Derecho de elección en cargos municipales.

- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.

- Derecho de referéndum.

- Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.

- Cabildo abierto conforme a ordenanzas que lo regulan.

- Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.

- Comités de gestión.
Pero, además, se contempla como parte de los derechos de control vecinal la revocatoria de autoridades municipales y la demanda de rendición de cuentas (articulo 121) y la revocatoria del mandato (122).
Como parte del proceso de descentralización se ha reforzado la intervención ciudadana en los espacios de participación y concertación como los Consejos de Coordinación Local (CCL), que básicamente deben ofertar los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, en juntas vecinales o en comités de gestión. Pero en muchos municipios, por acuerdo entre organizaciones sociales y autoridades municipales se ha optado porseguir respetando la vigencia de las modalidades de participación previas a la vigencia de la actual Ley Orgánica de Municipalidades. En muchos municipios se considera que los consensos construidos a través de los procesos participativos tienen naturaleza vinculante tanto para las autoridades como para las organizaciones sociales.

Participación ciudadana y de grupos sociales
Si bien es creciente la toma de conciencia sobre el derecho y, al mismo tiempo, el deber de la participación, en la práctica predomina el carácter voluntario y quienes participan constituyen aún una minoría del conjunto de la población. La participación puede ser individualizada o a través de las organizaciones sociales. Estas últimas, conforme a las reglas de juego que establezcan las municipalidades, acreditan representantes ante los CCLs o los procesos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y comités de gestión sobre temas diversos como la promoción de las economías locales, el turismo, la educación, la salud, entre otros. Lógicamente, participan comparativamente más los segmentos sociales que necesitan apoyo del Estado, entre ellos, organizaciones vinculados con el vaso de leche y programas alimentarios, padres de familia que requieren dotar a sus hijos de mejores escuelas, pequeños productores y comerciantes, jóvenes que gestionan infraestructura deportiva, organizaciones que gestionan la dotación de servicios básicos. Un aspecto a precisar es que la larga historia de asistencialismo y paternalismo ha condicionado, incluso en sectores pobres, la práctica de pedir o exigir el acceso a servicios o bienes públicos, sin expresar voluntad de apoyo al desarrollo comunal.
Sin embargo, la participación adolece de diversas dificultades. En efecto, en los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, existe aún una limitada participación relacionada con la inexistencia de una institucionalidad representativa, falta de credibilidad en el proceso participativo, poca difusión del proceso, o inexistencia de prácticas y experiencias de negociar intereses o renunciar beneficios particulares o zonales a favor de los sectores más pobres de la población. Participan menos los representantes de las comunidades distantes a las capitales distritales o provinciales. También existente una cierta pérdida de confianza de la población en los procesos de concertación, cuando sus requerimientos de recursos para proyectos no pueden ser atendidos. Se aprecia aún que los agentes participantes priorizan acciones de las organizaciones que representan, que no siempre coinciden con aspiraciones colectivas. Atención especial merece la no participación de los partidos políticos, hecho que limita las posibilidades de cambio de la cultura política. Se puede afirmar que en todas las experiencias la participación de las mujeres es significativamente menor a la de los varones, aunque se aprecia una débil tendencia ha disminuir estas brechas, pero la representación de género sigue siendo muy desigual. La participación de los jóvenes sigue siendo escasa o minoritaria en los PP.

El enfoque de género
Se viene logrando importantes avances en la perspectiva de género. Por ejemplo, el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2006-2010, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2005-MIMDES el 12 septiembre del 2005. A partir de allí se cuenta con una comisión multisectorial conformada por doce sectores: MIMDES, PCM, Salud, Educación, Justicia, Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura, Interior, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y el INEI. Esta instancia está tiene como función hacer el seguimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010.
Este hecho ha permitido institucionalizar la igualdad de oportunidades con equidad de género en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. Pero como bien se afirma “del dicho al hecho, hay mucho trecho”; aunque hay avances alentadores. Así, tenemos que las regiones de Loreto, Ayacucho y Apurímac, cuentan con un Proyecto de Ordenanza Regional para la integración del PIO 2006-2010. Las regiones de La Libertad, Junín, Pasco y Apurímac, cuentan con Ordenanzas Regionales que aprueban el PIO.
El funcionamiento de los programas sociales está enfatizando la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional y local constituyéndose en un espacio de concertación entre Estado y sociedad civil, principalmente entre los sectores de mujeres organizadas, tantas veces excluidas de los espacios públicos de toma de decisiones, y que ocupan peculiar importancia en el proceso de descentralización. Algunos gobiernos locales vienen incluyendo lineamientos de políticas con igualdad de oportunidades y con equidad de género.
Actualmente, algunas municipalidades cuentan con oficinas de la mujer, programas sociales para las mujeres, DEMUNAS para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Es de resaltar que en los procesos participativos se vienen diseñando y construyendo presupuestos participativos con perspectiva de género. Asimismo, en los procesos de planificación se elaboran Planes de Igualdad de Oportunidades a nivel local. Se han formulado políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales.
Como hemos podido apreciar, la perspectiva de género forma parte de la agenda local y no solamente forma parte del discurso sino que además se viene siendo implementado de manera transversal en algunas municipalidades.
De otro lado, el artículo 84, de la LOM, señala como función exclusiva de las municipalidades distritales, facilitar la participación y concertación en la planificación, y la gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo local. En esta perspectiva, los espacios de participación ciudadana se constituyen en una oportunidad para favorecer el desarrollo de los derechos ciudadanos de las mujeres, quienes desarrollan capacidad de propuestas y decisión.
La participación de las mujeres en política (entendido también como cuota de mujeres), así como en otras actividades en los últimos años ha ido en crecimiento. El nivel más alto de organización y participación se concreta con el crecimiento y rápida expansión de las llamadas organizaciones alimentarías o funcionales como el vaso de leche o comedores populares que se formaron en las décadas del 70 y los 80 con la finalidad de paliar la aguda crisis económica que envolvía a la totalidad de hogares de menos recursos y fueron constituyéndose en una expresión solidaria de enfrentar la pobreza y la adversidad.
Entonces las mujeres adquieren gradualmente mayor participación en la toma de decisiones, saltando de actividades profesionales o laborales institucionales hacia la política.
La OPS con el apoyo del Ministerio de Salud, señala en reciente estudio que la participación de las mujeres en el Congreso de la República para el periodo 2001-2006 fue de 23 mujeres frente a 97 hombres. Con relación a los gobiernos regionales fue de 22 hombres frente a 3 mujeres (presidentes regionales) y para autoridades municipales (alcaldes provinciales y distritales) fue de 62 mujeres frente a 1,745 hombres. Para el periodo 2007-2010 no se cuenta con ninguna presidenta regional y las alcaldesas han bajado de 73 (8 provinciales y 65 distritales) a 3 provinciales un número que bordea las 60 distritales. Es decir, se han perdido posiciones.

Las cuotas de los jóvenes y de pueblos originarios o comunidades nativas
Existen disposiciones favorables que promueven la participación de jóvenes y de los pueblos originarios. No se cuenta con información respecto a que los gobiernos locales formulen y/o ejecuten acciones concretas orientadas a la inclusión, preferencia y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción, pese a que la RM 188-2006-MINEDU, incorpora y promueve el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones orales, escritas y simbólicas, documentos técnico normativos y material.

Gestión pública local del desarrollo

El desarrollo de los proyectos y las reformas para la transformación, siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores (Giddens, 1984; Clegg, 1990). Los costos y beneficios de la reforma económica, política y social pueden ser compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación ciudadana. La reforma económica implica reformas al sistema político, el desarrollo de las instituciones políticas y la reforma del Estado. La participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática. Para que la asociación y la participación ciudadana adquiera valor como instrumento democrático debe ir acompañada de libertad de expresión.

La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la flexibilización de los sistemas de producción y acumulación que junto con la perspectiva de los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen a ser más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal. La fricción de la distancia se incrementa en importancia proveyendo un fuerte incentivo para el aglomeramiento geográfico (Appelbaum and Henderson, 1995) Esta flexibilización se expresa en estructuras de redes que facilitan las interrelaciones que tienen que desarrollarse en los diferentes niveles espaciales: local, nacional, regional y global, dando paso a la emergencia de una sociedad de redes apoyadas en la tecnología informática. La formación e integración de un sistema de redes de participación directa en la gestión pública local permiten la reinvención del espacio geopolítico y otorgan a los gobiernos locales las competencias requeridas para afrontar los retos de la globalización.

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación que de su inminente eliminación. Sin embargo, las transformaciones y mutaciones del Estado-nación no van siempre siguiendo una misma dirección. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses. El espacio político del Estado-nación ya no se identifica ni depende del ejercicio soberano sobre un territorio nacional delimitado. El territorio se redefine para centrarse más en la gestión pública local bajo una nueva estructura territorial local.

Lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización política es la descentralización del poder político de las instancias del centro a las instancias locales. Para que la reforma del Estado se centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, requiere de procesos de descentralización para lograr una gestión pública más eficiente.

La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la gestión pública. El desarrollo local es un proceso orientado por estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores niveles de bienestar de la población. Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos, 2001). Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos.

Los actores son las personas e instituciones que desarrollan acciones directas en un territorio, así como también a las "estructuras, organismos y personas que por misión o acción tienen un lugar y un papel en los engranajes de los intercambios locales (Cachón, 1996). Tomando en consideración que el término local se asocia tanto a un territorio físico definido, como también a un grupo en movimiento en un espacio móvil, van Helmerick (2001) define una localidad o un sistema localizado como "un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin". Una redefinición del territorio es la base para el nuevo espacio geopolítico que requiere la nueva gestión pública local para involucrar a los diferentes actores y agentes en la promoción del desarrollo de la sociedad.

Este conjunto de elementos se refiere a las personas que viven habitualmente y a las unidades económicas establecidas en un territorio. Marsiglia y Pintos (2001) conceptualizan el territorio local/regional como "una dimensión económica, una dimensión identitaria e histórica, una comunidad de intereses y como espacio con un potencial endógeno para potenciar el desarrollo. La reinvención del espacio geopolítico del gobierno local implica una nueva estructura territorial en la cual la gestión pública municipal se manifiesta como el escenario en que los diferentes actores y agentes interactúan en proyectos de colaboración conjunta para la solución de sus propios problemas.LA creación de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La reinvención política del gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo. Las tres relaciones más importantes en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) que se dan entre los ciudadanos y los políticos.

La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los ingresos de los pobres no han cambiado mucho durante el período de la globalización, que anteriormente. El análisis entre las variables pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, muestran una correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al equilibrio macroeconómico.

Esta gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco variables que profundiza los retos consecuencia de una participación ciudadana y de procesos de descentralización: la ciudadanía efectiva, desarrollo económico local, gestión territorial, sociedad de la información y desarrollo sostenible. Sin embargo, este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores diversos tales como la corrupción.

El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. El gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado. La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado. Esto entre la mayor parte de los líderes de los grupos representados en los consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados. Pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto público e inversiones, así como en la obtención de fondos e ingresos presupuestales.

Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional. La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y estrategias del asociacionismo.

Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma para en contar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos. Los municipios orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad.

En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles locales inferiores. La gestión pública local requiere de un nuevo diseño y una nueva reingeniería de la estructura territorial, para aprovechar las ventajas de la participación social local. La participación en la gestión administrativa se extiende a las organizaciones políticas y sociales.

La participación ciudadana en los procesos de descentralización política son muy limitados. La descentralización política permite a los gobiernos locales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema redistributivo, más equitativo, con mayor diferenciación y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. La participación ciudadana debe ser alentada por los gobiernos locales en los procesos de gestión pública, tales como en las decisiones presupuéstales de gasto e ingresos, sobre todo en aquellas decisiones que afectan el uso eficiente de sus propios recursos y el aprovisionamiento de bienes y servicios públicos.

Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una identidad, lo cual implica la necesidad de "construir" la región en términos sociales (Boisier, 1987: 143; Schönwälder, 1997:763). La falta de flexibilidad del Estado nación para reaccionar a los acelerados cambios de la globalización económica y la inercia de sus pesadas estructuras que no responden a las actuales demandas de la ciudadanía, hace necesario fortalecer a las regiones.

La región se define en general como" un área de territorio sobre la que puede identificarse una marcada unidad de problemas humanos y caracteres físicos con una fuerte tendencia hacia tal unificación. Es decir, con el predominio de ciertos factores tanto comunes como complementarios, que generan una suerte de identidad" siguiendo a Boisier (1988). Una nueva delimitación del espacio territorial del gobierno local es un requerimiento para promover una gestión pública orientada a lograr la participación social de los principales actores y agentes en la solución directa de sus problemas.

La nueva gestión pública

Por: Edson Guerrero

La función Pública en este mundo globalizado en que vivimos, nos obliga a los que de una u otra manera estamos involucrados en los trabajos a desarrollar en bien de la sociedad moderna a una mejor calidad de las funciones que desempeñamos los profesionistas de niveles de mandos medios y superiores, para que la sociedad este más satisfecha con los programas que den transparencia y que la rendición de cuentas que reclaman los ciudadanos, se conviertan en una mejor calidad de vida de la sociedad, con mejores servicios de toda índole por parte de los gobiernos de la republica peruana, sus gobiernos regionales y municipios.
La problemática dentro de toda administración pública es muy variada, pero en esta ocasión trataremos los problemas que aquejan a la gestión pública.
La importancia de uno de los problemas de la gestión pública, es un cambio de actitud de los servidores públicos apáticos, indiferentes, y con excesiva burocracia a servidores propositivos y atentos que tengan la posibilidad de ese cambio, con mucha capacitación sobre todo en la recepción y la atención a las personas que están solicitando un servicio.
Muchos proyectos quedan truncados porque el servidor público no tiene la atención y el buen trato que tienen obligación de realizar, ya que para ello están percibiendo un salario y ese servicio debe de ser de buena calidad; es por eso que es de vital importancia el cambio de actitud en la recepción y el primer encuentro con nuestros clientes, que debe ser óptima, para que en todo el proceso se den las soluciones de los diferentes obstáculos que sobre la marcha de la gestión pública se vayan presentando y con este proceso se llegue a un buen servicio de gestoría, en el cual se requiere un gobierno que este comprometido para lograr una mejor calidad de vida de la sociedad.
Este concepto basado en la nueva gestión pública, principalmente en esa nueva propuesta reformadora que pretende sustituir a la gestión burocrática que tantos problemas ha ocasionado a todo los gobiernos subdesarrollados principalmente.
La nueva gestión pública sugiere que para recomponer un nuevo consenso alrededor de lo público, hay que reconsiderar las relaciones que el estado establece con la ciudadanía.
La nueva gestión pública ha traído una nueva visión del usuario de los servidores públicos.
La noción del cliente puesta en circulación por los reformadores, implica un cambio radical en la función pública.
El cambio de concepto de usuario al cliente; significa convertir el servicio público, en servicio al público, donde cada ciudadano puede transmitir su propia visión en la prestación que recibe, de su utilidad y de sus preferencias.
Los mejores servicios y la administración mas honrada, pueden no conseguir la aceptación y la legitimación a la que aspira, si no es capaz de satisfacer las decisiones de los ciudadanos.
En la actualidad debemos estar conscientes que para poder desarrollar el proyecto de una administración pública de calidad, donde se cambia el nuevo concepto de cliente de estos servicios por el concepto caduco y burocrático de los servicios públicos.
Una administración moderna, pretende que los ciudadanos sean parte activa de los proyectos y que participen y colaboren con los funcionarios para que se sientan parte de su gobierno, claro que con canales adecuados a la participación de la ciudadanía.
La demanda de la población principalmente en los municipios, debe ser una atención de los funcionarios en forma accesible, moderna y eficiente y que todo este trabajo redunde en coadyuvar el incremento de la productividad global de la economía y una exigencia del proceso democrático que vive Perú.
Por ello, la modernización pública pretende una transformación, que implica además los cambios de las regulaciones y procedimientos actuales a modificación de actitudes y conductas en todo el sector público.
Por ultimo, debemos reflexionar con solo un trabajo honrado, tenaz y perseverante y demostrando una voluntad férrea de servir al pueblo, empeñados en resolver los problemas mas sentidos de la ciudadanía.

Las iniciativas locales y el aumento de la productividad, en tiempos de crisis

Por: Antonio Vázquez Barquero

Pero, es en el área de los instrumentos del desarrollo en donde las iniciativas locales contribuyen, de manera importante, a la búsqueda de un camino que conduzca a la salida de la crisis.
Su fortaleza reside en que buena parte de los instrumentos utilizados estimulan la obtención de rendimientos crecientes de las inversiones, lo que contribuye a aumentar la productividad (Vázquez Barquero, 2007).

i) Fomento de la creación y desarrollo de empresas y de clusters

La creación y desarrollo de las empresas es una condición necesaria en el proceso de desarrollo, ya que las empresas transforman el ahorro en inversión a través de los proyectos empresariales; además, cuando se estimula el desarrollo de redes y clusters de empresas, se propicia la aparición de economías externas de escala y la reducción de los costes de transacción.

ii) Difusión de las innovaciones
Otro de los ejes principales de la política de desarrollo local es la difusión de las innovaciones y el conocimiento en el tejido productivo local, lo que permite la introducción de nuevos productos y la diferenciación de los existentes, los cambios de los procesos productivos, la apertura de nuevos mercados.
Todo ello contribuye al aumento de la productividad y de la competitividad de las empresas.

iii) Cualificación de los recursos humanos
Si hay un objetivo específico de la política de desarrollo local, ese es la formación de los recursos humanos, ya que a través de ellos se incorpora conocimiento en la producción de bienes y servicios y en la gestión de la propia estrategia de desarrollo. Cuando las acciones de formación se insertan en la estrategia de desarrollo, la mejora de la calidad de los recursos humanos propicia el aumento de la productividad, estimula la competitividad, e incluso afecta al modelo cultural en el que se apoya el proceso de desarrollo.

iv) Construcción de equipamientos urbanos e infraestructuras
La construcción y mejora del capital social fijo y de las infraestructuras es uno de los instrumentos mas usados en las políticas de desarrollo local. Las empresas prefieren localizaciones en lugares accesibles y bien dotados de servicios que les permitan aprovechar las economías de aglomeración y el acceso a los mercados de productos y factores. Pero, además, la mejora de las infraestructuras atrae actividades industriales y de servicios a las localidades y regiones rurales, lo que genera economías de diversidad y favorece el aumento de la productividad.

v) Conservación y mejora del medioambiente y del patrimonio histórico
El desarrollo duradero es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos estratégicos del desarrollo local, ya que la protección y el desarrollo de los sistemas ecológicos y de los recursos naturales, así como la mejora continua del patrimonio histórico y cultural, no solo tienen un efecto positivo en los sistemas medioambientales sino que además convierten a los territorios y ciudades en espacios atractivos para producir y vivir, y contribuyen a la mejora del bienestar de la población.

Finalmente, el desarrollo sostenible se hace visible en aquellas iniciativas que se proponen impulsar la conservación del patrimonio histórico y cultural, a través de la recuperación de los centros históricos, como sucede en los casos de la Habana Vieja y Cartagena de Indias; pero también, con iniciativas dirigidas a transformar espacios degradados dándoles una nueva funcionalidad dentro de la ciudad como sucede en Puerto Madero, en Buenos Aires, en donde se transformó el viejo puerto en una zona urbana que alberga actividades educativas, de servicios a las empresas, y de ocio.
La salida territorial de la crisis
Los países avanzados y emergentes atraviesan por un proceso de importantes cambios productivos y sociales, debido a que la crisis financiera ha hecho que el sistema bancario deje de ser un factor dinamizador del sistema productivo. El alcance de la situación es, por el momento, desconocido, ya que la falta de liquidez y la insolvencia de los bancos impiden que el crédito fluya en el sistema productivo y las empresas generen los beneficios necesarios para mantener la actividad, por lo que se produce el cierre continuo de establecimientos y la destrucción del empleo.

El artículo argumenta que para salir de la crisis es necesario que las administraciones públicas emprendan políticas que combinen acciones encaminadas a recuperar la confianza en las instituciones financieras y a que los bancos vuelvan a ser los instrumentos facilitadores de la actividad productiva, de un lado, con iniciativas dirigidas a aumentar la productividad y competitividad, de otro.
En este sentido, el artículo sostiene que la política de desarrollo local constituye una salida territorial de la crisis económica. Sus fortalezas residen en que es una estrategia que enfoca la restructuración y el ajuste productivo como una cuestión a resolver en el territorio, lo que le permite dar soluciones concretas a los problemas específicos de cada localidad y de cada región, usando precisamente el potencial de desarrollo existente en cada territorio y que no se utiliza a causa de la crisis.
Su mérito reside en haber utilizado una estrategia que estimula los rendimientos crecientes de las inversiones, y, por lo tanto, propicia el aumento de la productividad y de la competitividad de las economías.
Pero, el desarrollo local es una estrategia que, además, busca el progreso social y el desarrollo sostenible. Entiende que el desarrollo es un proceso en el que el crecimiento económico y la distribución de la renta son dos caras de un mismo fenómeno, ya que los actores públicos y privados, cuando deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la finalidad de aumentar la productividad y mejorar el bienestar de la sociedad. El desarrollo local es, también, una estrategia que se basa en la mejora continua de los recursos disponibles y particularmente de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, ya que con ello se contribuye a aumentar la ventaja competitiva del territorio y el bienestar de la población.
Finalmente, conviene no olvidar que el desarrollo local es una estrategia cuyos resultados no están garantizados. Se trata de una política de desarrollo que busca la creación de riqueza y de empleo, a través del estímulo al surgimiento y desarrollo de las empresas, por lo que el exceso de asistencia externa reduce la capacidad creativa de los actores locales y de la población, y por lo tanto, limita los resultados de las iniciativas. Además, es una política cuyo efecto está condicionado por la coordinación en el territorio de las acciones, por lo que pierde eficacia cuando las acciones se ejecutan de manera aislada, ya que limitan los efectos de la interacción entre las fuerzas del desarrollo. Por último, es una política participativa de la sociedad civil, en la que los actores locales son quienes diseñan y controlan su ejecución, por lo que sus resultados se ven afectados cuando, de forma unilateral, se imponen, localmente o desde el exterior, acciones o se condicionan los objetivos de la estrategia.