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Consultor, investigador en temas de Descentralización Fiscal y Desarrollo Económico Local. Investigador Asociado del Instituto de Desarrollo Económico y Empresarial INDEE.

sábado, 21 de marzo de 2009

Gestión Presupuestaria: el Caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa - Perú

Por: Edson Guerrero

En los últimos años, las municipalidades en el Perú han comenzado a tener un mayor protagonismo como entidades de gobierno local y su importancia dentro de sus ámbitos se ha incrementado, tanto en el sentido de generar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, como involucrar a la población en los planes de desarrollo y presupuestos participativos, sino que también hay cada vez más mejores posibilidades de intervenir mediante la provisión de bienes y servicios que demandan los ciudadanos.

El tema de las finanzas publicas planteado en términos de cómo conseguir eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios que provee el gobierno en las ciudades lleva a plantear que dicho proceso tiene mejor desempeño si se toma en consideración qué nivel de gobierno tiene mayor ventaja en proveer que tipo de servicio.

1. Ingresos de los gobiernos locales en el Perú

Los recursos económicos de los gobiernos locales en el Perú son:
a. Ingresos propios municipales están formados por los impuestos, tasas y contribuciones más significativos que generan los gobiernos locales y aquellos creados por ley a su favor, que obtienen de manera regular o periódica, con carácter permanente. Cada tributo se subclasifica de acuerdo con la precisión establecida por la LTM.
b. Las transferencias son recursos transferidos que se entregan a las municipalidades según lo presupuestado por el gobierno central. Estos se clasifican en transferencias territoriales y sociales. Entre los primeros, se analiza el Fondo Común Municipal, Canon y Aduanas, y entre los segundos el Programa del Vaso de Leche así como los programas y proyectos sociales de lucha contra la pobreza.

La autonomía fiscal municipal en Arequipa en el periodo de análisis tiene una tendencia decreciente de 79% en el año 1999 a 65% en el año 2003 en el año 2008 este indicador bajo a 35% Las causas de ello se da en un incremento de las transferencias por canon y la libre disponibilidad del FONCOMUN por parte de los gobiernos locales establecidas por la norma legal. Cabe resaltar que estas cifras nos aproxima a la autonomía fiscal ya que representa más del 50% en el año 2003 pero para el 2008 esta se convierte en una municipalidad dependiente de los ingresos transferidos por parte del gobierno central.

La mayor parte de los gastos en la Municipalidad Provincial de Arequipa, son hechos en los gastos de tipo corriente, por más del 60%, de sus ingresos en el año 2002, reduciéndose este gasto a 45% e el año 2008. Este desbalance se debe al incremento del impuesto a la renta constituido por el 50% del total de los ingresos y rentas por concepto de Canon y sobre canon los cuales constituyen retribuciones por la explotación de recursos naturales ubicados en las jurisdicciones de los gobiernos locales. Estos gastos se realizaron mayormente en personal y obligaciones sociales, para el funcionamiento de la municipalidad, esto se debe a que las municipalidades grandes de rango metropolitano tienen un gran peso en gastos corrientes en relación a gastos de capital, ello por que tiene que proveer muchos servicios urbanos.

Los gastos de inversión en la municipalidad de Arequipa presenta una inestabilidad pronunciada, destacando el año 2002 donde la municipalidad invirtió en obras de infraestructura urbana, destinando un 31% y para el año 2008 la municipalidad invirtió el 55% del total, en el periodo de análisis, este se dio a un incremento en el canon minero a favor de los gobiernos locales.

El nivel de endeudamiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa fue en el año 1999 de 11 142 524 Nuevos soles, la deuda tuvo una tendencia decreciente acelerada, en tal sentido que en el año 2002 y 2008 la municipalidad de Arequipa no incurrió en prestamos de ningún tipo sosteniéndose con ingresos propios y transferencias intergubernamentales, establecidas por ley a favor de las municipalidades.

2. Recomendaciones de politica.

a) La recaudación tributaria local en general y el impuesto predial en particular pueden representar grandes fuentes de ingreso futuro, si se llegan a explotar en todo su potencial. Por ello la Municipalidad Provincial de Arequipa necesita modernizar la gestión y administración tributaria. Urge implementar una agencia autónoma como lo han hecho otras ciudades (el SAT en Lima por ejemplo) y cuyos resultados han sido muy interesantes. Así la creación de una identidad para la administración y recaudación de los tributos locales generaría mejores resultados.
La eficiencia estaría sostenida en contar con mejores cuadros técnicos y recursos humanos en un manejo integral de las herramientas tributarias (como el catastro).

b) Es probable que los ingresos de la Municipalidad Provincial de Arequipa continúen creciendo. Por ello es necesario incrementar las capacidades técnicas de la burocracia local. El desafío es lograr que el gasto sea traducido en mayores beneficios para Arequipa. Por ello la ciudad necesita hacer un gasto más eficiente y de mayor calidad. Las transferencias, ü especialmente aquellas dirigidas a gastos en inversión, como el Canon Minero debería de invertirse en obras de envergadura e impacto para toda la ciudad.
Otra forma de mejorar dicho gasto puede ser mediante proyectos de inversión coordinados por las municipalidades (especialmente en un contexto de bajas capacidades técnicas) y especialmente en aquellos gastos que involucran a más de un distrito y que son los que mas urgen a la ciudad.

martes, 17 de marzo de 2009

Política fiscal y desarrollo en América Latina: ¿Cuál es la conexión?


La política fiscal no sólo es un instrumento para la gestión macroeconómica, sino también una herramienta que puede ser usada por los gobiernos latinoamericanos que luchan por el desarrollo. El uso cuidadoso y activo de la política fiscal, del gasto público y del manejo de la deuda pueden estimular el desarrollo de América Latina al promover el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad.

Además, los resultados del sistema fiscal de un país proporcionan una panorámica del contrato social que une a sus gobiernos y sus ciudadanos. Los bienes y los servicios públicos en cantidad y calidad razonables por una parte, y los sistemas fiscales progresistas y transparentes por la otra son señales de un contrato social que goza de buena salud. Estas dos partes van juntas: si los bienes públicos como la salud, la educación y la infraestructura son insuficientes, de mala calidad o proporcionados de manera injusta, el contrato social se debilita. Lo mismo es válido en los regímenes fiscales regresivos o frágiles.

Este contrato social es especialmente válido para América Latina en la actualidad porque la región está en medio de una consolidación democrática. En este contexto, el ejercicio del sistema fiscal de un país, y la percepción de la ciudadanía de ese ejercicio, se relaciona estrechamente con la legitimidad de la democracia en sí. La legitimidad fiscal, la creencia de que el sistema fiscal y de gasto público es justo, es el mediador indispensable en esto. Se hallan altos niveles de legitimidad fiscal cuando el sistema fiscal y de transferencia es eficaz para atacar la desigualdad de ingresos; se prestan servicios públicos de alta calidad en forma equitativa; las obligaciones y los derechos se rigen por reglas justas y transparentes; y existe un nivel razonable de apoyo público al manejo del gobierno del sistema fiscal.

Las elecciones de política fiscal no son aisladas y siempre están sujetas a limitaciones que se deciden políticamente. La política importa porque la política fiscal está inextricablemente unida a la naturaleza del estado de bienestar, cuya configuración es un proceso profundamente político. En suma, la economía política importa: debe agregarse un factor de limitaciones políticas al diseño técnico de los sistemas fiscales para reforzar las perspectivas para una reforma duradera en la región.

En contra de las opiniones convencionales de la política fiscal como una amenaza para el crecimiento (vía el efecto de freno de los impuestos sobre el trabajo y la inversión) o como no más que un estabilizador macroeconómico para la inflación y el desempleo, esta edición de Perspectivas sostiene que la política fiscal puede ser una herramienta decisiva para el desarrollo económico, político y social de América Latina. Los sistemas fiscales pueden proporcionar los recursos necesarios para hacer inversiones a favor del crecimiento y de transformaciones estructurales. Los impuestos y el gasto público pueden atacar directamente la pobreza y la desigualdad, dos problemas idénticos que siguen acosando a la región.

En América Latina, este potencial para el bien no se ha explotado en forma considerable. Mientras los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en 19 puntos Gini en Europa, la diferencia es menor a 2 puntos Gini en América Latina. El gasto en seguridad pública, fuertemente regresivo en la región, es un culpable importante en el potencial no realizado de la política fiscal redistributiva. Y la calidad de bienes y servicios públicos básicos como la salud o la educación tampoco satisface las necesidades de desarrollo de la región ni proporciona un estímulo para el compromiso de los ciudadanos con el Estado. Se necesita un cambio de método si los gobiernos latinoamericanos han de explotar plenamente el potencial de la política fiscal como una herramienta para el desarrollo.

miércoles, 11 de marzo de 2009

Autonomía municipal: eficiencia de la descentralización fiscal en el Perú

Por Mónica Valcárcel Bustos
Concebir a la descentralización como un simple traspaso de competencias a autoridades electas, resulta insuficiente, por cuanto es posible que las decisiones sigan siendo tomadas en el ámbito central y que el nivel subnacional se limite a ejecutarlas, quedando relegada su autonomía, y/o que la provisión descentralizada sea más ineficiente que la centralizada. En cambio, la teoría económica ha mostrado avances en este ámbito, al analizar tanto los efectos de la descentralización en la eficiencia de la provisión de bienes públicos, como los casos en que los gobiernos locales no actúan autónomamente.Oates (1977) señala que en contraste con el enfoque de la ciencia política, según el cual la provisión de bienes públicos se hace efectiva a través de la delegación de ciertas funciones del gobierno nacional hacia niveles subnacionales -donde la responsabilidad de cada nivel de gobierno está definida por la Constitución- el Federalismo Fiscal plantea que tal provisión se efectúa, en realidad, a través de un proceso descentralizado, en el que las elecciones hechas a cada nivel están determinadas por la demanda de estos servicios, esto es, por los residentes de las respectivas jurisdicciones.
En esa perspectiva, se puede considerar a la descentralización fiscal como el instrumento necesario para acometer el análisis de un proceso de descentralización desde una perspectiva económica. Es decir, el objetivo fundamental de la descentralización sería hacer más eficiente la asignación de recursos y la provisión de bienes y servicios locales.
Finot (2001) plantea además, que cuando se descentraliza la provisión, la participación ciudadana sería un requisito obligatorio para la eficiencia en los mecanismos de asignación. Por tanto, el desafío que tiene pendiente el gobierno central para hacer posible este propósito, requiere de la adecuación de los sistemas de asignación a fin de que los ciudadanos decidan sobre que parte de su ingreso dedicarán a la provisión de los bienes públicos.
El enfoque económico de la descentralización se concentra en aspectos fiscales, considerando el manejo de recursos como requisito esencial a fin que los gobiernos subnacionales cuenten con el grado de autonomía suficiente para la provisión de bienes y servicios públicos, a la demanda diferenciada.
A partir de lo anterior, surge la preocupación de definir qué bienes y servicios públicos deben ser provistos por cada nivel de gobierno, para tener en general una prestación más eficiente. Con este propósito resulta conveniente clasificar los bienes públicos en dos categorías: Los bienes públicos nacionales, a cargo del gobierno central, cuyos beneficios se entregan en cantidades iguales a todos los individuos, en todas las jurisdicciones del país y, los bienes públicos locales, a cargo del gobierno municipal, cuya provisión recibe un área geográfica más pequeña que el país completo.
Esto clarifica que la existencia de municipalidades es una condición necesaria, pero no suficiente para hacer eficiente la descentralización. Para su realización, es imprescindible que exista reconocimiento de la autonomía local en los asuntos de su competencia, que se le permita tomar decisiones sobre los recursos necesarios para hacer eficiente la provisión de los bienes públicos en su jurisdicción.
En conclusión, la corriente del federalismo apunta que la provisión descentralizada de ciertos bienes será más eficiente no solo porque los gobiernos locales conocen de mejor manera que el gobierno central las preferencias de sus habitantes, sino porque el gasto público puede ser vinculado directamente con los aportes locales. En ese sentido, la descentralización debe fortalecer la autonomía de los niveles subnacionales no sólo en lo que se refiere a poder de decisión sobre el gasto local sino también sobre el aporte ciudadano para financiar dicho gasto.
Sin embargo, en la realidad los gobiernos locales no son del todo autónomos, como lo supone el federalismo fiscal sino mas bien cumplen un doble rol como decisores y agentes del gobierno central, por designio legal. El enfoque agente-principal responde a una de las formas de descentralización que opera en los países de América Latina (Finot, 2001).
De acuerdo a la norma constitucional vigente y las reformas impulsadas por el actual régimen de gobierno, el Estado Peruano ha optado por avanzar hacia un modelo de descentralización fiscal que reconoce la autonomía fiscal municipal expresada en la transferencia de mayores competencias tributarias y asignación de recursos al gobierno local; modelo que debiera permitir la eficiencia en la provisión de los servicios públicos a los individuos de la localidad.
Sin embargo, a partir del análisis jurídico-económico efectuado se puede concluir que el financiamiento municipal en el Perú obedece a un esquema parcial de descentralización fiscal, que combina competencias de decisión (descentralización política) con responsabilidades de operación (descentralización operativa); sobre cuya base, las municipalidades adquieren cierto grado de libertad en la decisión de algunos ingresos tributarios y transferencias intergubernamentales.
La norma constitucional reconoce la autonomía que tiene el gobierno local para crear, modificar, suprimir y exonerar tasas y contribuciones; pero no respecto de impuestos municipales, que siguen caracterizados por una fuerte intervención del nivel central (en la determinación de las bases y establecimiento de alícuotas). En este último caso, el nivel local cumple el doble papel de agente-principal. Por una parte, limitado a recaudar y fiscalizar los impuestos; y por otra, con suficiente autonomía para el gasto de los mismos.
Los ImpuestosEn cuanto a los impuestos, como se ha anticipado las decisiones provienen del gobierno central. Sin embargo, la recaudación es exclusiva atribución del gobierno local, así como su autonomía para el gasto. Por lo tanto, además de la necesidad de flexibilizar las normas y otorgar atribuciones al gobierno local para que pueda determinar su tasa y base impositiva, los problemas que se advierten actualmente es que el rendimiento de los impuestos directos (predial, alcabala y vehicular), no beneficia por igual a todas las municipalidades a nivel nacional.
El actual sistema de transferencias intergubernamentales, al igual que los tributos, combina variables de autonomía en las decisiones locales (descentralización política) con funciones meramente administrativas (descentralización operativa). En ese marco, se ha determinado que en el Perú existen transferencias territoriales (Foncomun, renta de aduanas, canon) y sociales (vaso de leche y programas y proyectos sociales).
Boletín IFP

martes, 10 de marzo de 2009

¿Es la descentralización dañina para el Perú?

Cuando se piensa en nuestro país, cuyo centralismo es cada vez más asfixiante, se mira al Estado como único responsable de la solución. El autor plantea que la empresa peruana debe tener un papel protagónico en la descentralización.

Por Juan Ricardo Palma (*)

En los últimos meses, tiempo durante el cual se ha discutido en todo el país sobre la ansiada descentralización nacional, los personajes más representativos de los poderes públicos con sede en Lima, con el eco de los editorialistas de los diarios limeños han pretendido y pretenden demostrar lo dañino que para el país es la descentralización. Para ello, han desempolvado subrepticiamente tres antiguos argumentos contra la descentralización, continuamente machacados por los medios masivos de comunicación. Por ello, creo necesario abordar esos argumentos con el objeto de demostrar sus inconsistencias.

El primero, que apareció en revistas y periódicos fue sustentado por los congresistas Barrón y Pease y luego apoyado por Ferrero, el presidente del Congreso. Ellos afirmaron que la descentralización significaría la duplicación de la burocracia nacional pues habría una en Lima y otra en cada región lo que ocasionaría el exagerado incremento del gasto público, se adelantó la cifra de 300 millones de dólares anuales, número que nunca fue sustentado. El argumento rápidamente tuvo seguidores en los sesudos analistas de los principales diarios capitalinos. Pero nadie, ni los políticos, ni siquiera los congresistas provincianos y menos los limeños, explicaron al país que la recuperación de la autoridad regional implica autonomía, es decir que la gestión de un gobierno local en lo relacionado a los asuntos de su jurisdicción se ejercerá en la región y no en la capital, el trabajo realizado en Piura no se volverá a hacer en Lima, eso no tiene sentido. En la otra mano, el centro tiene sus propias funciones de ámbito nacional que deben ser cumplidas, no revisadas en cada región. No hay duplicidad de funciones, luego no debería haber duplicidad de burocracia.

Habrá excedentes en la burocracia limeña que deberán ser reubicados o sustituidos en las provincias, lugar donde se genera su labor. No transferirlos, sólo es muestra de incapacidad central, no un riesgo de la descentralización.

El segundo argumento esgrimido contra la descentralización, sustentado agresivamente en las últimas semanas por reconocidos politólogos nacionales en las columnas económicas de los diarios de circulación nacional, todos editados en Lima, afirman que la empleocracia pública regional no tiene la experiencia ni probablemente la capacidad suficiente para gerenciar una región, Ellos afirman que se requerirán más de 20 años para lograr preparar la región para la descentralización y así lo sostuvo públicamente aquí en Piura hace unos meses en un congreso de un diario nacional, el asesor presidencial Dammert, posición también esgrimida acá en Piura, hace pocos días, por un candidato a la alcaldía limeña. Este argumento es fácilmente rebatible, pues en varias oportunidades se ha demostrado la eficiencia local sobre la limeña además de una veloz capacidad de reacción, la última y más exitosa fue en la reconstrucción postniño 1983, en la que el gobierno regional gestionó y consiguió inmediata y autónomamente, los 200 millones de dólares necesarios para recuperarse de los daños y para ayudar a los afectados, tanto de los estratos pobres como de los sectores de la producción, administrándolos con gran solvencia técnica y responsabilidad, obteniéndose excelentes resultados. ¡Es ocioso pedirles que comparen esa actuación con el inepto, roñoso y corrupto desempeño gubernamental central luego del Niño 1998! Y regresando al 83, la dinámica del gobierno regional impulsó al sector privado en la misma dirección, quien no se quedó atrás, pues paralelamente la Cámara de Comercio de Piura obtuvo del BCR y administró un fondo de 25 millones de dólares para recuperación empresarial, con el mismo excelente resultado. Todo se resume en colocar el personal capaz, eficiente y responsable en las ocupaciones adecuadas, para lo cual aquí sobran profesionales y gente con experiencia en los problemas regionales piuranos.

El último argumento de quienes se oponen a la descentralización, se basa en que necesariamente se requiere un gobierno centralista para redistribuir los excedentes (¿?) de las regiones más desarrolladas hacia las regiones pobres.

Este, es el menos sólido de los alegatos contra la autonomía regional, pues sencillamente cualquier proceso serio de descentralización, ya considera este monto de compensación dentro del gasto común nacional, fondo proveniente de sumar los aportes de cada una y todas, digo todas, las regiones al gobierno central, la principal fuente fiscal del país.

Estos tres argumentos contra la descentralización, sustentados una y otra vez, con diferente presentación en prensa, radio y televisión nacional van minando la inteligencia provinciana y ya algún periodista local los considera válidos y los reproduce y presenta como veraces.
Para los que vivimos en Piura, y en general en provincias es clarísimo que el principal causante de la depresión local es el centralismo, no sólo eso, es el más grande freno a nuestro desarrollo. También es claro que los beneficiarios de la inopia provinciana son los habitantes capitalinos y de ellos provendrá sin escrúpulos la oposición a la autonomía regional, pues perderán sus granjerías actuales.

Descentralizar no es dañino para el país, por el contrario hoy es el único camino viable para lograr nuestro crecimiento y modernización y por lo tanto es el desafío que los piuranos (y todos los provincianos) enfrentamos en el futuro inmediato, de lo contrario la situación socioeconómica de la región, seguirá deteriorándose aun más. Estoy convencido que luchar para lograr descentralizar este lugar donde vivimos, es tarea de nuestra generación y de lograrlo, será la mejor herencia que podemos dejar a nuestros descendientes.

(*) Profesor ordinario del PAD- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

viernes, 6 de marzo de 2009

El Centralismo Latinoamericano y el Desafío Regionalista

Por Diego José Benavente Millan

Los regionalismos, las regiones y sus gentes, en estos tiempos, están asumiendo roles cada vez más destacados en nuestros países, gracias a herramientas tecnológicas como la Internet, que incluso ha hecho posible el contactarnos sin conocernos previamente o físicamente, entre lugares tan distantes como Arequipa, Perú y Temuco, Chile, lugar este último, desde donde escribo estas letras gracias a los contactos establecidos a través del cyberespacio entre entusiastas regionalistas de ambas ciudades. En nuestro intercambio de experiencias hemos podido comprobar las grandes similitudes que viven nuestras sociedades en cuanto a los males que nos aquejan y al proceso que explica el donde nos encontramos.
Las semejanzas en la evolución económico-política y de ocupación territorial, que han experimentado nuestro países en América Latina, provienen en gran medida de nuestro común origen hispánico, responsable del estilo e institucionalidad política, educacional, religiosa y económica instaurada, donde se generó, como dice el amigo Federal José Antonio Abalos, una conducción fuertemente centrada en las capitales como Santiago o Lima, con una relación de subordinación de las comunidades repartidas en el resto de los territorios. Buscar explicaciones al "mal de muchos, centralismo de todos", extremadamente exacerbado que vivimos los habitantes de la América morena, en nuestras raíces e historia, es un primer paso necesario para reconocer donde subyacen nuestros problemas y poder saber que salió mal. Esto con mayor razón, si se considera lo que Hagen Gleisner en su libro "Centralismo en Latinoamérica y Descentralización en Chile" expresa, "aún hacia 1700, se consideraba que el reino español de América disfrutaba de un bienestar incomparablemente mayor, y que era más poderoso y prometedor que las colonias inglesas de Norteamérica", lo cual resulta difícil de creer, por decir lo menos, hoy en día, al comparar nuestras realidades. Los regionalistas hacemos bien en buscar las causas de, por ejemplo, el que nuestras grandes capitales acaparen la toma de decisiones a todo nivel y todos los actores relevantes, en el animo de que esto no vuelva a ocurrir más, sin embargo a nuestro juicio, gran parte de la culpa es nuestra, de las gentes de regiones, puesto que en nuestros países, más que autoridades que quieran controlarlo todo, somos un rebaño o tropa de súbditos excesivamente obedientes y pasivos.
Esta costumbre, caricaturizada crudamente con dichos como el "mande", a nuestro entender, nos viene de a una herencia de regímenes y formas de actuar y educar muy jerarquizadas y autoritarias, que no respetan la persona, la participación ni la democracia. Por lo tanto, somos nosotros los llamados a buscar respuestas y soluciones a nuestros problemas, para lo cual en primer lugar debemos empezar a creer en nosotros mismos, así como también simultáneamente buscar las fundamentaciones necesarias en nuestros orígenes. En alguna medida, encontramos explicación a nuestro centralismo, en las palabras del historiador Guillermo Fernandez Stevenson cuando expresa certeramente, "la conquista fue estrictamente centralizada y dirigida por el rey a través de su aparato administrativo, nadie llegaba con el propósito de tomar decisiones, sino para obedecer las que ya estaban tomadas." (El Extravío Histórico Chileno). Esta mentalidad de corte centralista, donde nadie esta dispuesto a tomar decisiones que puedan posteriormente ser revocadas por la administración central, se repite hasta nuestros días, entre la capital y las regiones, al igual como ocurría entre la corona y las colonias, hace más de 400 años. Algo similar se aprecia en la economía, al ver como cada vez más las empresas migran hacia las grandes ciudades, donde las regiones, salvo condiciones de excepción, no pueden competir con los grandes mercados capitalinos, lo cual no es más que una conducta de dominio central aprendida que se ha impuesto en base a franquicias determinadas y sin generar por parte de los políticos las medidas correctivas que la reparen. Todo esto ya lo describía Adam Smith en 1776 con respecto a la actitud de la corona española con sus colonias cuando expresaba, "una vez realizados los asentamientos y cuando por su volumen atrajeron la atención de la Metrópoli, las primeras leyes que esta dictó con referencia a aquellas tuvieron siempre la finalidad de asegurarse para si misma el monopolio de su comercio, de limitar su mercado y de ensanchar el suyo propio a expensas de las colonias es decir, desalentar el curso de su prosperidad mas bien que apresurarla y hacerla avanzar", de tal palo tal astilla. El problema se agrava aun más, cuando se piensa en los sistemas políticos y sus actores, responsables principales de la forma de organizarnos como países, los cuales no han sido capaces de dar a nuestras naciones las herramientas y el estilo que nos permitan un desarrollo equitativo para cada uno de sus territorios. Estos actores incluso no han sido capaces de dar una imagen que prestigie la actividad política, si se analiza lo expresado por un estudio del National Democratic Institute for International Affairs - NDI efectuado durante el año 95 en países como México, Salvador, Colombia, Perú, Chile y Argentina, el cual revela un notable rechazo social a los partidos políticos, donde además se pudo captar una opinión mayoritaria, en el sentido que, "los políticos generan sentimientos de desconfianza asociados con ineficacia, corrupción, falta de ejemplaridad y de transparencia e insensibilidad social." Es decir, la centralización no sólo perjudica a las regiones, sino además consigue dañar las principales estructuras e instrumentos del poder político en el actual orden de cosas, al hacerlas ineficaces desde el punto de vista de las comunidades, para resolver los problemas de la gente, en especial de los mas aislados y desfavorecidos.
Por otro lado y como lo describió Uta Hashagen, para nuestro último boletín Onda MAR (Mundo Acción Regional), actualmente y cada vez más, la democracia, la libertad, las posibilidades de consumo y las aspiraciones para una realización personal no se viven ya en torno a dos o tres ideas eje, confesiones, modas, tendencias u objetivos socialmente masivos. La diferenciación y la tolerancia a las diferencias, y la expresión del individuo junto a otros pocos de intereses similares, va dando origen a una sociedad de grupos diferenciados. Paradojalmente la globalización del planeta no genera una gran masa planetaria, sino una multiplicidad de grupos humanos cuyos miembros pueden estar físicamente distantes, pero gracias a telecomunicaciones modernas como Internet virtualmente muy próximos. Y esto constituye una oportunidad sin precedentes de desarrollo de liderazgo en iniciativas de orden social y político y de establecer relaciones sólidas y de largo alcance entre los grupos afines, por ejemplo en el contexto de la descentralización y el regionalismo. De una vez por todas tenemos que convencernos que somos las gentes de regiones los responsables de hacer el gran cambio o la diferencia, es nuestra responsabilidad asumir el desafío del desarrollo territorial autónomo y exigir lo que nos corresponde, juntos somos siempre más aunque no estemos cerca.