Por: Patricia Gillezeau B.
En el último decenio, el desarrollo local, ha sido la respuesta de las localidades y regiones a los grandes desafíos que se les presentan, así como a la insuficiencia de los modelos tradicionales de desarrollo, a la Reforma del Estado, y la descentralización, proponiéndose salidas a la movilización del capital, a las dinámicas territoriales, nuevas formas de acumulación, nuevos enfoques de exploración del crecimiento, nuevas fuentes de empleo, valorización de recursos endógenos, entre otras.
Estos procesos se conforman como mecanismos dinamizadores para impulsar la capacidad emprendedora local y mantener viva a la comunidad y sus identidades culturales, lo que conduce según Arocena (1995), al camino que va desde lo cultural a lo económico, donde convergen la necesidad de crear riqueza y salvaguardar los recursos naturales; la urgencia por generar empleos y responder a las necesidades esenciales de la población.
Según Di Pietro (2001), no existe una definición de desarrollo local única ni excluyente, por lo que presenta algunas consideraciones al respecto; la de Boisier quien señala que existe una confusión en su significación, ya que es una práctica sin teoría y tiene por lo menos tres puntos de origen: como respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste de los países, por otro lado como dialéctica global/local, y en última instancia, como una expresión lógica de regulación horizontal. Por su parte Vásquez, lo define remarcando el aspecto económico y de alianzas entre sectores.
Además, Coraggio (1999) señala, que todo proceso de desarrollo local debe sustentarse desde la perspectiva de condiciones endógenas e integrales, que movilicen los recursos económicos sin desmejorar el ambiente, las capacidades y las voluntades individuales y colectivas de la sociedad local, generando un espíritu de dinamismo, innovación y de expectativas para lograr que los cambios deseables sean posibles.
De ahora en adelante todo proceso, esta insertado en lo local, entidad subnacional de análisis, planificación y acción (Di Pietro, 2001), como se ha señalado el municipio y sus ciudades se constituyen en el nuevo escenario de acción con autonomía y legitimación democrática, es ahora el agente natural de desarrollo, que requerirá de una serie de relaciones, comportamientos, pautas y convenciones comunes articuladas por lo actores que lo conforman para poder enfrentarse a lo universal desde su propia especificidad.
Hoy día, el desarrollo local se visualiza como un mecanismo de mejoramiento de la autonomía económica-social local en apoyo de su autonomía política. Razón por la cual, se considera, al municipio en posición privilegiada para crear y estimular el desarrollo económico social, por lo que se hace vital la integración y participación de las comunidades dentro de la deliberaciones y acciones a tomar (Manual de la Federación de Municipios, 1999).
Es fundamental que debido a los cambios que atraviesa el mundo, el municipio se organice y planifique sus acciones, no puede dejarse al azar el desarrollo de los pueblos, ya que esto asegura que la comunidad prepare su plan, pueda alcanzar las metas, y lo más importante, conozca los recursos disponibles para la implementación de las acciones ha seguir, ello permitirá, sin lugar a dudas, la posibilidad de establecer responsabilidades y el aseguramiento de resultados exitosos.
De esta forma se puntualiza entonces que el Municipio se ha revalorizado, pasando de un rol pasivo, como prestador de servicios, a un rol activo, como gestor de entornos innovadores, convirtiéndose además, en EL nuevo centro de poder y decisión, esto como consecuencia de las reformas del Estado y el proceso de descentralización acontecido en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
La descentralización, entendida como un proceso de distribución del poder desde el centro hacia la periferia, coadyuva a que las colectividades territoriales asuman su propio destino (Velásquez, 2001), casi veinte años después de su inicio, ha sido un proceso incoherente e inconsistente, ya que en la mayoría de los casos, aparece como una coexistencia de patrones tradicionales y modernos de la regulación estadal y del aseguramiento de la legitimación, sin un planteamiento uniforme de objetivos. Sin embargo, ofrece indudables perspectivas para consolidar y enriquecer una nueva calidad de gobernabilidad, ya que permite, como se ha señalado y argumenta Alburquerque (2001), otorgar competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes instancias territoriales, además de la movilización de los actores sociales implicados en los procesos, que todo ello está referido a la teorización sobre este estilo de desarrollo, a lo deseable.
En consecuencia, a pesar de los pesares, no debe olvidarse que para el buen éxito y desenvolvimiento de estos procesos locales, la descentralización de servicios y responsabilidades gubernamentales hacia los niveles regionales y locales, acompañada de una asignación adecuada de fondos, es una meta central fundamental de los procesos requeridos para las reformas del Estado. Al mismo tiempo y tomando en cuenta la naturaleza endeble del proceso de democratización de los países latinoamericanos, esta puede abrir la caja de Pandora y crear espacios de maniobra y acceso a recursos para las elites y grupos de intereses tradicionales (Vellinga, 1998).
En este sentido se presenta la opinión de Gómez (2002) quien aduce que este proceso se traduce en una forma de transferencia y redistribución de poder político y económico mundial asociado al reordenamiento del sistema económico mundial y a la inserción de las economías regionales a este sistema, mediante la adopción de esquemas de economías de mercado neoliberal. En otro sentido, sigue planteando el autor, la descentralización también ha sido entendida como una vía para el avance de la democratización de estos poderes, ya que permite la realización de cambios institucionales y la participación de la sociedad civil en la esfera pública.
Sin lugar a dudas, la descentralización constituye una de las ideas-fuerza que ha acompañado los intentos de modernización y reforma del Estado en América Latina en las últimas décadas.
En este mismo orden de ideas, debe señalarse que un elemento fundamental de estos procesos e inherente a la descentralización, que no puede olvidarse, es la participación, ya que es el instrumento que canaliza la demanda social, es el complemento de los mecanismos de representación y de apertura de espacios para que los ciudadanos intervengan directamente en la toma de decisiones, es una forma de acción individual o colectiva que implica esfuerzo racional e intencional de un individuo o un grupo, en busca de logros específicos a través de una conducta cooperativa (Velásquez, 2001).
Para Kliskberg (2002), la participación se ha convertido en el centro del escenario del desarrollo, el autor refrenda esta aseveración señalando, que la participación de la comunidad cambio radicalmente los logros de las metas de los proyectos, dando resultados concretos y superiores a los esquemas tradicionales. La comunidad puede ahora desarrollar el sentimiento de propiedad de los proyectos a través de su participación, ello movilizará sus energías y esfuerzos para que los proyectos avancen y se fortalezca la posibilidad de sostenibilidad.
Finalmente, podría señalarse que la participación se ha convertido en un imperativo, una condición de supervivencia, en un instrumento que le abre la dignidad y las posibilidades al desarrollo, o simplemente como lo reseña Iglesias (2002, citado por Kliskberg la participación implica devolver a la población un derecho que le pertenece.
Además de estos elementos pueden sumarse los presentados por Edil (2001) que en cierta medida coliden con lo expuesto.
Tomando en consideración lo expuesto podría señalarse que el desarrollo de los países si se acoge a esta alternativa, tendría rasgos diferentes a la visión meramente económica, entre los que destacarían: - Valoración de las sociedades, así como los esfuerzos intentados por suscitar en los dominios económicos, sociales y culturales. - Autonomía de las decisiones y la investigación de los modelos endógenos propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico. - Satisfacción de las necesidades humanas. – Importancia de la participación en la redistribución de los beneficios del desarrollo.
Y marcaría una transición entre las tradicionales estrategias y las que pautan el desarrollo equitativo y prudentemente ecológico, reconciliando a la humanidad con la naturaleza a fin de responder a las cuestiones claves que conciernen a la condición humana. Vista así, esta forma de planificación del desarrollo puede definirse como progente, proempleo y Pronaturaleza, dando alta prioridad a la reducción de la pobreza, al incremento del empleo productivo, a la integración social y a la regeneración ambiental, y por ende, a la reforma del Estado.
En el último decenio, el desarrollo local, ha sido la respuesta de las localidades y regiones a los grandes desafíos que se les presentan, así como a la insuficiencia de los modelos tradicionales de desarrollo, a la Reforma del Estado, y la descentralización, proponiéndose salidas a la movilización del capital, a las dinámicas territoriales, nuevas formas de acumulación, nuevos enfoques de exploración del crecimiento, nuevas fuentes de empleo, valorización de recursos endógenos, entre otras.
Estos procesos se conforman como mecanismos dinamizadores para impulsar la capacidad emprendedora local y mantener viva a la comunidad y sus identidades culturales, lo que conduce según Arocena (1995), al camino que va desde lo cultural a lo económico, donde convergen la necesidad de crear riqueza y salvaguardar los recursos naturales; la urgencia por generar empleos y responder a las necesidades esenciales de la población.
Según Di Pietro (2001), no existe una definición de desarrollo local única ni excluyente, por lo que presenta algunas consideraciones al respecto; la de Boisier quien señala que existe una confusión en su significación, ya que es una práctica sin teoría y tiene por lo menos tres puntos de origen: como respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste de los países, por otro lado como dialéctica global/local, y en última instancia, como una expresión lógica de regulación horizontal. Por su parte Vásquez, lo define remarcando el aspecto económico y de alianzas entre sectores.
Además, Coraggio (1999) señala, que todo proceso de desarrollo local debe sustentarse desde la perspectiva de condiciones endógenas e integrales, que movilicen los recursos económicos sin desmejorar el ambiente, las capacidades y las voluntades individuales y colectivas de la sociedad local, generando un espíritu de dinamismo, innovación y de expectativas para lograr que los cambios deseables sean posibles.
De ahora en adelante todo proceso, esta insertado en lo local, entidad subnacional de análisis, planificación y acción (Di Pietro, 2001), como se ha señalado el municipio y sus ciudades se constituyen en el nuevo escenario de acción con autonomía y legitimación democrática, es ahora el agente natural de desarrollo, que requerirá de una serie de relaciones, comportamientos, pautas y convenciones comunes articuladas por lo actores que lo conforman para poder enfrentarse a lo universal desde su propia especificidad.
Hoy día, el desarrollo local se visualiza como un mecanismo de mejoramiento de la autonomía económica-social local en apoyo de su autonomía política. Razón por la cual, se considera, al municipio en posición privilegiada para crear y estimular el desarrollo económico social, por lo que se hace vital la integración y participación de las comunidades dentro de la deliberaciones y acciones a tomar (Manual de la Federación de Municipios, 1999).
Es fundamental que debido a los cambios que atraviesa el mundo, el municipio se organice y planifique sus acciones, no puede dejarse al azar el desarrollo de los pueblos, ya que esto asegura que la comunidad prepare su plan, pueda alcanzar las metas, y lo más importante, conozca los recursos disponibles para la implementación de las acciones ha seguir, ello permitirá, sin lugar a dudas, la posibilidad de establecer responsabilidades y el aseguramiento de resultados exitosos.
De esta forma se puntualiza entonces que el Municipio se ha revalorizado, pasando de un rol pasivo, como prestador de servicios, a un rol activo, como gestor de entornos innovadores, convirtiéndose además, en EL nuevo centro de poder y decisión, esto como consecuencia de las reformas del Estado y el proceso de descentralización acontecido en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
La descentralización, entendida como un proceso de distribución del poder desde el centro hacia la periferia, coadyuva a que las colectividades territoriales asuman su propio destino (Velásquez, 2001), casi veinte años después de su inicio, ha sido un proceso incoherente e inconsistente, ya que en la mayoría de los casos, aparece como una coexistencia de patrones tradicionales y modernos de la regulación estadal y del aseguramiento de la legitimación, sin un planteamiento uniforme de objetivos. Sin embargo, ofrece indudables perspectivas para consolidar y enriquecer una nueva calidad de gobernabilidad, ya que permite, como se ha señalado y argumenta Alburquerque (2001), otorgar competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes instancias territoriales, además de la movilización de los actores sociales implicados en los procesos, que todo ello está referido a la teorización sobre este estilo de desarrollo, a lo deseable.
En consecuencia, a pesar de los pesares, no debe olvidarse que para el buen éxito y desenvolvimiento de estos procesos locales, la descentralización de servicios y responsabilidades gubernamentales hacia los niveles regionales y locales, acompañada de una asignación adecuada de fondos, es una meta central fundamental de los procesos requeridos para las reformas del Estado. Al mismo tiempo y tomando en cuenta la naturaleza endeble del proceso de democratización de los países latinoamericanos, esta puede abrir la caja de Pandora y crear espacios de maniobra y acceso a recursos para las elites y grupos de intereses tradicionales (Vellinga, 1998).
En este sentido se presenta la opinión de Gómez (2002) quien aduce que este proceso se traduce en una forma de transferencia y redistribución de poder político y económico mundial asociado al reordenamiento del sistema económico mundial y a la inserción de las economías regionales a este sistema, mediante la adopción de esquemas de economías de mercado neoliberal. En otro sentido, sigue planteando el autor, la descentralización también ha sido entendida como una vía para el avance de la democratización de estos poderes, ya que permite la realización de cambios institucionales y la participación de la sociedad civil en la esfera pública.
Sin lugar a dudas, la descentralización constituye una de las ideas-fuerza que ha acompañado los intentos de modernización y reforma del Estado en América Latina en las últimas décadas.
En este mismo orden de ideas, debe señalarse que un elemento fundamental de estos procesos e inherente a la descentralización, que no puede olvidarse, es la participación, ya que es el instrumento que canaliza la demanda social, es el complemento de los mecanismos de representación y de apertura de espacios para que los ciudadanos intervengan directamente en la toma de decisiones, es una forma de acción individual o colectiva que implica esfuerzo racional e intencional de un individuo o un grupo, en busca de logros específicos a través de una conducta cooperativa (Velásquez, 2001).
Para Kliskberg (2002), la participación se ha convertido en el centro del escenario del desarrollo, el autor refrenda esta aseveración señalando, que la participación de la comunidad cambio radicalmente los logros de las metas de los proyectos, dando resultados concretos y superiores a los esquemas tradicionales. La comunidad puede ahora desarrollar el sentimiento de propiedad de los proyectos a través de su participación, ello movilizará sus energías y esfuerzos para que los proyectos avancen y se fortalezca la posibilidad de sostenibilidad.
Finalmente, podría señalarse que la participación se ha convertido en un imperativo, una condición de supervivencia, en un instrumento que le abre la dignidad y las posibilidades al desarrollo, o simplemente como lo reseña Iglesias (2002, citado por Kliskberg la participación implica devolver a la población un derecho que le pertenece.
Además de estos elementos pueden sumarse los presentados por Edil (2001) que en cierta medida coliden con lo expuesto.
Tomando en consideración lo expuesto podría señalarse que el desarrollo de los países si se acoge a esta alternativa, tendría rasgos diferentes a la visión meramente económica, entre los que destacarían: - Valoración de las sociedades, así como los esfuerzos intentados por suscitar en los dominios económicos, sociales y culturales. - Autonomía de las decisiones y la investigación de los modelos endógenos propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico. - Satisfacción de las necesidades humanas. – Importancia de la participación en la redistribución de los beneficios del desarrollo.
Y marcaría una transición entre las tradicionales estrategias y las que pautan el desarrollo equitativo y prudentemente ecológico, reconciliando a la humanidad con la naturaleza a fin de responder a las cuestiones claves que conciernen a la condición humana. Vista así, esta forma de planificación del desarrollo puede definirse como progente, proempleo y Pronaturaleza, dando alta prioridad a la reducción de la pobreza, al incremento del empleo productivo, a la integración social y a la regeneración ambiental, y por ende, a la reforma del Estado.
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