Participación ciudadana a nivel municipal

Por: Edson Guerrero

Forma y alcance de la participación de la sociedad civil en la gestión publica en el nivel municipal
La participación ciudadana puede ser individual u organizada. Las organizaciones de la sociedad civil tienen varias modalidades de participar (Artículo 122 de la LOM), sobre la base del más amplio acceso a la información, entre ellas las siguientes:
- Derecho de elección en cargos municipales.

- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.

- Derecho de referéndum.

- Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.

- Cabildo abierto conforme a ordenanzas que lo regulan.

- Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.

- Comités de gestión.
Pero, además, se contempla como parte de los derechos de control vecinal la revocatoria de autoridades municipales y la demanda de rendición de cuentas (articulo 121) y la revocatoria del mandato (122).
Como parte del proceso de descentralización se ha reforzado la intervención ciudadana en los espacios de participación y concertación como los Consejos de Coordinación Local (CCL), que básicamente deben ofertar los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, en juntas vecinales o en comités de gestión. Pero en muchos municipios, por acuerdo entre organizaciones sociales y autoridades municipales se ha optado porseguir respetando la vigencia de las modalidades de participación previas a la vigencia de la actual Ley Orgánica de Municipalidades. En muchos municipios se considera que los consensos construidos a través de los procesos participativos tienen naturaleza vinculante tanto para las autoridades como para las organizaciones sociales.

Participación ciudadana y de grupos sociales
Si bien es creciente la toma de conciencia sobre el derecho y, al mismo tiempo, el deber de la participación, en la práctica predomina el carácter voluntario y quienes participan constituyen aún una minoría del conjunto de la población. La participación puede ser individualizada o a través de las organizaciones sociales. Estas últimas, conforme a las reglas de juego que establezcan las municipalidades, acreditan representantes ante los CCLs o los procesos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y comités de gestión sobre temas diversos como la promoción de las economías locales, el turismo, la educación, la salud, entre otros. Lógicamente, participan comparativamente más los segmentos sociales que necesitan apoyo del Estado, entre ellos, organizaciones vinculados con el vaso de leche y programas alimentarios, padres de familia que requieren dotar a sus hijos de mejores escuelas, pequeños productores y comerciantes, jóvenes que gestionan infraestructura deportiva, organizaciones que gestionan la dotación de servicios básicos. Un aspecto a precisar es que la larga historia de asistencialismo y paternalismo ha condicionado, incluso en sectores pobres, la práctica de pedir o exigir el acceso a servicios o bienes públicos, sin expresar voluntad de apoyo al desarrollo comunal.
Sin embargo, la participación adolece de diversas dificultades. En efecto, en los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, existe aún una limitada participación relacionada con la inexistencia de una institucionalidad representativa, falta de credibilidad en el proceso participativo, poca difusión del proceso, o inexistencia de prácticas y experiencias de negociar intereses o renunciar beneficios particulares o zonales a favor de los sectores más pobres de la población. Participan menos los representantes de las comunidades distantes a las capitales distritales o provinciales. También existente una cierta pérdida de confianza de la población en los procesos de concertación, cuando sus requerimientos de recursos para proyectos no pueden ser atendidos. Se aprecia aún que los agentes participantes priorizan acciones de las organizaciones que representan, que no siempre coinciden con aspiraciones colectivas. Atención especial merece la no participación de los partidos políticos, hecho que limita las posibilidades de cambio de la cultura política. Se puede afirmar que en todas las experiencias la participación de las mujeres es significativamente menor a la de los varones, aunque se aprecia una débil tendencia ha disminuir estas brechas, pero la representación de género sigue siendo muy desigual. La participación de los jóvenes sigue siendo escasa o minoritaria en los PP.

El enfoque de género
Se viene logrando importantes avances en la perspectiva de género. Por ejemplo, el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2006-2010, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2005-MIMDES el 12 septiembre del 2005. A partir de allí se cuenta con una comisión multisectorial conformada por doce sectores: MIMDES, PCM, Salud, Educación, Justicia, Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura, Interior, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y el INEI. Esta instancia está tiene como función hacer el seguimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010.
Este hecho ha permitido institucionalizar la igualdad de oportunidades con equidad de género en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. Pero como bien se afirma “del dicho al hecho, hay mucho trecho”; aunque hay avances alentadores. Así, tenemos que las regiones de Loreto, Ayacucho y Apurímac, cuentan con un Proyecto de Ordenanza Regional para la integración del PIO 2006-2010. Las regiones de La Libertad, Junín, Pasco y Apurímac, cuentan con Ordenanzas Regionales que aprueban el PIO.
El funcionamiento de los programas sociales está enfatizando la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional y local constituyéndose en un espacio de concertación entre Estado y sociedad civil, principalmente entre los sectores de mujeres organizadas, tantas veces excluidas de los espacios públicos de toma de decisiones, y que ocupan peculiar importancia en el proceso de descentralización. Algunos gobiernos locales vienen incluyendo lineamientos de políticas con igualdad de oportunidades y con equidad de género.
Actualmente, algunas municipalidades cuentan con oficinas de la mujer, programas sociales para las mujeres, DEMUNAS para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Es de resaltar que en los procesos participativos se vienen diseñando y construyendo presupuestos participativos con perspectiva de género. Asimismo, en los procesos de planificación se elaboran Planes de Igualdad de Oportunidades a nivel local. Se han formulado políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales.
Como hemos podido apreciar, la perspectiva de género forma parte de la agenda local y no solamente forma parte del discurso sino que además se viene siendo implementado de manera transversal en algunas municipalidades.
De otro lado, el artículo 84, de la LOM, señala como función exclusiva de las municipalidades distritales, facilitar la participación y concertación en la planificación, y la gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo local. En esta perspectiva, los espacios de participación ciudadana se constituyen en una oportunidad para favorecer el desarrollo de los derechos ciudadanos de las mujeres, quienes desarrollan capacidad de propuestas y decisión.
La participación de las mujeres en política (entendido también como cuota de mujeres), así como en otras actividades en los últimos años ha ido en crecimiento. El nivel más alto de organización y participación se concreta con el crecimiento y rápida expansión de las llamadas organizaciones alimentarías o funcionales como el vaso de leche o comedores populares que se formaron en las décadas del 70 y los 80 con la finalidad de paliar la aguda crisis económica que envolvía a la totalidad de hogares de menos recursos y fueron constituyéndose en una expresión solidaria de enfrentar la pobreza y la adversidad.
Entonces las mujeres adquieren gradualmente mayor participación en la toma de decisiones, saltando de actividades profesionales o laborales institucionales hacia la política.
La OPS con el apoyo del Ministerio de Salud, señala en reciente estudio que la participación de las mujeres en el Congreso de la República para el periodo 2001-2006 fue de 23 mujeres frente a 97 hombres. Con relación a los gobiernos regionales fue de 22 hombres frente a 3 mujeres (presidentes regionales) y para autoridades municipales (alcaldes provinciales y distritales) fue de 62 mujeres frente a 1,745 hombres. Para el periodo 2007-2010 no se cuenta con ninguna presidenta regional y las alcaldesas han bajado de 73 (8 provinciales y 65 distritales) a 3 provinciales un número que bordea las 60 distritales. Es decir, se han perdido posiciones.

Las cuotas de los jóvenes y de pueblos originarios o comunidades nativas
Existen disposiciones favorables que promueven la participación de jóvenes y de los pueblos originarios. No se cuenta con información respecto a que los gobiernos locales formulen y/o ejecuten acciones concretas orientadas a la inclusión, preferencia y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción, pese a que la RM 188-2006-MINEDU, incorpora y promueve el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones orales, escritas y simbólicas, documentos técnico normativos y material.