La práctica latinoamericana muestra que las municipalidades vienen recaudando una pequeña proporción de los ingresos a través de los recursos propios, lo que refleja la fragilidad de las finanzas locales y la alta dependencia de las transferencias. Por ejemplo, en la experiencia de Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, entre otros, los ingresos propios en promedio constituyen alrededor de la mitad de los ingresos totales y las transferencias representan el porcentaje restante.
Esta situación amerita la necesidad de lo que podríamos llamar un nuevo pacto fiscal a nivel territorial, que promueva una situación financiera más sólida y sostenible frente a las mayores responsabilidades que vienen teniendo estos niveles. En otros términos, un proceso de descentralización sostenible requiere tanto de una adecuada asignación de competencias como de esquemas de financiamiento basados en una mayor responsabilidad fiscal por parte de las localidades.
La dirección de las reformas debe apuntar a una mayor autonomía de las municipalidades para que generen sus propios ingresos en función del juego político entre el gobierno local y los ciudadanos, que demanda de éstos su apoyo político. Dentro de un proceso de descentralización, este sistema genera una economía política y una eficiencia económica mucho más satisfactoria que un sistema basado en la excesiva dependencia de las transferencias intergubernamentales.
Los países del Istmo Centroamericano establecen constitucionalmente la autonomía de las municipalidades, aunque en la práctica esto contrasta con el marco restrictivo (en algunos de ellos hasta inexistente) que en materia impositiva no permite un mínimo poder tributario local.
Para no confundirnos, es poco lo que una localidad puede hacer en materia tributaria, por loa inexistencia de facultades y por lo falta de aplicación de diversos impuestos eminentemente locales por naturaleza. Por ejemplo, El Salvador no cuenta con un impuesto inmobiliario, uno de los principales tributos del financiamiento local latinoamericano. Y aunque en República Dominicana está previsto a nivel nacional, su recaudación es prácticamente mínima.
Complementariamente, se aprecia una notoria rigidez en el sistema tributario local basado en tarifas impositivas uniformes y fijadas centralmente, en muchos casos con valores fijos y desactualizados, que en su conjunto contribuyen a la baja presión tributaria local existente en la mayoría de países del Istmo y del Caribe. Recordemos, a manera de ejemplo, que los gobiernos locales de países como El Salvador y la República Dominicana tienen una presión tributaria con valores cercanos a cero.
Reforzando lo anterior, la estructura tributaria local de varios países de la región continúa siendo bastante precaria, con excesivos tributos carentes de una capacidad recaudatoria significativa, obsoletos y difíciles de administrar. Es el caso de Paraguay con 40 gravámenes y República Dominicana que tiene cerca de 70 tributos locales, la gran mayoría de ellos (90%) de muy bajo potencial recaudatorio.
No obstante la debilidad de los códigos tributarios, en los últimos años se han promovido propuestas de simplificación y modernización en la administración tributaria local, que empiezan a tener mayor importancia en las discusiones gubernamentales.
En Nicaragua han primado fundamentalmente los principios de autonomía y autofinanciamiento de las municipalidades. En este país los impuestos locales tienen el mayor peso en la estructura de ingresos de toda la región latinoamericana. Mientras en Brasil o Colombia, los impuestos pesan el 23 % y 35 % respectivamente, en Nicaragua esta cifra promedia el 67 %. Esto no significa que los recursos sean suficientes y estén en mejores condiciones para enfrentar las crecientes necesidades de gasto local.
En síntesis, la descentralización fiscal resulta poco efectiva si las municipalidades no cuentan con los recursos adecuados que les permitan adelantar de manera responsable la provisión de los servicios asumidos.
El fortalecimiento de los ingresos propios a nivel local no solamente requiere modernizar la administración tributaria vigente, especialmente la de sus principales impuestos. Ya que el impuesto inmobiliario, las patentes industriales, comerciales y de servicios, y el gravamen a los vehículos automotores, representan aproximadamente el 70 % del total de la recaudación municipal en los países de la región.
También demanda incentivar mayor creatividad financiera para promover la canalización de nuevos recursos, incluyendo la misma movilización de capitales privados a la financiación de la infraestructura municipal. Es el caso de las contribuciones de mejoras y de los contratos de concesión, instrumentos poco utilizados y todavía por explotar en las ciudades de la región. En la experiencia de los países del Istmo es bastante reducida su utilización y participación en la estructura del financiamiento local.
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